El Consejo Interinstitucional para la Prevención y Combate de la Defraudación Fiscal y del Contrabando Aduanero (COINCON) presentó los resultados de sus acciones durante los primeros nueve meses de 2025, evidenciando avances significativos en la lucha contra el comercio ilícito en Guatemala.
Según datos oficiales de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en coordinación con el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Defensa y otras entidades que integran COINCON, se realizaron 1,744 acciones interinstitucionales, que derivaron en 1,549 decomisos de mercancías ilegales. El valor en aduana de lo incautado asciende a Q64.28 millones, reflejando un incremento respecto a años anteriores.
Además, se reportaron Q388.78 millones en ajustes pagados en aduanas, como resultado de fiscalizaciones y correcciones en la clasificación y declaración de mercancías. Estos ajustes representan una recuperación importante para el fisco, que de otro modo habría sido evadido por prácticas fraudulentas.
En el ámbito penal, se interpusieron 10 denuncias por defraudación aduanera, por un monto total de Q34.90 millones, lo que demuestra el compromiso de las autoridades en llevar estos casos ante la justicia y sancionar a los responsables.
COINCON ha reforzado su estrategia mediante la instalación de nuevos Puestos de Control Interinstitucional (PCI), operativos en ruta y el uso de herramientas tecnológicas para la gestión de riesgo.
Estas medidas buscan incrementar la percepción de riesgo entre los infractores y fortalecer la trazabilidad de las mercancías que ingresan al país.
El impacto económico del contrabando y la defraudación fiscal en Guatemala es significativo. Estudios de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), estiman que el país pierde más de Q1,400 millones anuales por evasión en aduanas, afectando la competitividad del comercio formal y la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales. [elsiglo.com.gt]
Con estos resultados, COINCON reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera articulada para proteger la legalidad, fortalecer la recaudación fiscal y promover un entorno comercial justo y seguro para todos los guatemaltecos.
