El director ejecutivo de la Comisión de Defensa del Comercio Formal (CODECOF), Axel Romero, afirmó que los hechos ocurridos la semana pasada en Camanchaj, Chichicastenango, Quiché, evidencian la magnitud del contrabando en Guatemala y las limitaciones del Estado para enfrentar estructuras que operan en zonas fronterizas y cuentan con respaldo local.
Durante una entrevista en el programa Con Criterio, conducido por Pedro Trujillo y Juan Luis Font, Romero explicó que el principal incentivo del contrabando es la evasión de impuestos y costos asociados a la formalidad. Según indicó, quienes ingresan mercancías ilegalmente obtienen ventajas frente a comerciantes que sí cumplen con tributos, pagos laborales y otras obligaciones legales.
El representante de CODECOF recordó que el último estudio disponible estimó en alrededor de Q17 mil millones el impacto del comercio ilegal vinculado al contrabando, una actividad que, dijo, afecta tanto a la recaudación fiscal como a la competitividad de las empresas formales y a los consumidores.
Romero señaló que entre los productos más demandados provenientes de México figuran granos, huevos y otros alimentos, debido a diferencias tributarias y de costos de producción. Sin embargo, aseguró que las mayores ganancias para las redes ilegales se generan con el ingreso de bebidas alcohólicas y cigarrillos, mercancías que evaden impuestos específicos y pueden alcanzar márgenes superiores al 40 %.
Lecciones del operativo
Respecto al operativo en Chichicastenango, sostuvo que las autoridades habían identificado varias bodegas repletas de producto ilícito y que la intervención pudo haberse convertido en uno de los golpes más importantes del año contra estas estructuras. Sin embargo, la situación se salió de control cuando pobladores bloquearon las vías de acceso y exigieron la devolución de la mercadería retenida.
Según Romero, detrás de la resistencia comunitaria habrían estado personas vinculadas al Consejo Comunitario de Desarrollo Local, quienes tendrían participación en la distribución de mercancía de contrabando. También denunció que funcionarios del Ministerio Público, la SAT y agentes policiales fueron amenazados y sometidos a vejámenes para obligarlos a liberar los productos y a los detenidos.
A criterio del directivo, el episodio envía un mensaje preocupante para las instituciones encargadas de combatir el comercio ilegal. “El Estado los dejó solos”, afirmó al referirse a los funcionarios que participaron en el allanamiento.
Romero agregó que el fenómeno ya no puede analizarse únicamente desde una perspectiva económica. A su juicio, muchos de los corredores utilizados para el contrabando están bajo influencia del crimen organizado y son aprovechados también para otras actividades ilícitas, incluido el narcotráfico.
Pese a lo ocurrido, consideró que en los últimos meses han existido avances en la coordinación entre la SAT, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y otras entidades. No obstante, advirtió que el fracaso del operativo en Quiché pone a prueba la capacidad real del Estado para recuperar el control de territorios donde el contrabando se ha convertido en una actividad arraigada.
