Como parte de las acciones de control y facilitación del comercio seguro, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en coordinación con el Ministerio de Gobernación y el Ejército de Guatemala, realizó un decomiso en el Puesto de Control Interinstitucional (PCI) de Entre Ríos, Puerto Barrios, Izabal.
Durante la inspección a un furgón que pretendía ingresar mercancía bajo el régimen de Factura y Declaración Única Centroamericana (FYDUCA), se detectaron productos no declarados y ocultos, consistentes en 4,500 kilogramos de alimentos para aves, con clasificación arancelaria incorrecta, y 1,692 botellas de licor.
Estas mercancías están exceptuadas del régimen de libre circulación que permite la FYDUCA, por lo que fueron decomisadas. El valor en aduana de lo incautado asciende a Q139,833.93.
La FYDUCA es un instrumento regional que busca facilitar el comercio entre los países del CA-4 (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua), permitiendo el tránsito ágil de mercancías que cumplen con los requisitos establecidos.
Sin embargo, su uso indebido ha sido identificado como una vía para el contrabando técnico, especialmente cuando se intenta declarar productos restringidos o mal clasificados para evadir controles fiscales y aduaneros.
Este operativo forma parte de la estrategia nacional liderada por el Consejo Interinstitucional para la Prevención y Combate de la Defraudación Fiscal y del Contrabando Aduanero (COINCON), que ha intensificado sus acciones en 2025. En lo que va del año, se han realizado más de mil operativos interinstitucionales, logrando decomisos millonarios en aduanas y rutas estratégicas.
Los Puestos de Control Interinstitucional (PCI), como el de Entre Ríos, han sido clave en la detección de mercancías ilícitas. Equipados con tecnología de inspección no intrusiva y operados por equipos multidisciplinarios, estos puntos permiten verificar en tiempo real la legalidad de las cargas que transitan por el país.
La mercancía decomisada fue puesta a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes. Con este tipo de acciones, Guatemala refuerza su compromiso con un comercio formal, transparente y competitivo, protegiendo tanto la recaudación fiscal como la seguridad de los consumidores.
