El comercio ilícito continúa siendo una amenaza persistente para las economías de América Latina y el Caribe, a pesar de los esfuerzos sostenidos de los Estados, gremios y empresas.
En este contexto, el 5 y 6 de junio de 2025, Ciudad de Guatemala fue sede del X Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), que reunió a más de 350 representantes del sector público y privado, así como expertos internacionales, con el objetivo de fortalecer el compromiso conjunto contra este flagelo.
Durante el evento, se reafirmó la necesidad de mantener el tema del comercio ilícito en la agenda pública, especialmente ante el crecimiento de organizaciones transnacionales multicrimen que se financian con recursos provenientes del contrabando, la falsificación y otras actividades ilegales. Estas prácticas no solo afectan la economía formal, sino que también alimentan la violencia y el crimen organizado en la región.
Según datos de la OCDE, el comercio mundial de productos falsificados alcanzó un valor estimado de 467 mil millones de dólares, equivalente al 2.3 % de las importaciones globales.
América Latina y el Caribe figuran entre las regiones más afectadas, lo que contribuye a que el continente americano registre la tasa de homicidios más alta del mundo, con el 50 % de estos crímenes vinculados al crimen organizado.
Además, la región ocupa el tercer lugar a nivel global en crimen multidimensional, después de Asia y África.
La permeabilidad de las fronteras y la presencia de redes criminales en múltiples países refuerzan la urgencia de una respuesta coordinada. En este sentido, ALAC se consolida como un espacio clave para el diálogo, la cooperación y la formulación de estrategias conjuntas entre los sectores público y privado.
El encuentro incluyó cinco conferencias magistrales y seis paneles temáticos, centrados en las nuevas dinámicas del comercio ilícito y el papel estratégico de la tecnología como herramienta para combatirlo.
Las discusiones permitieron identificar desafíos comunes y proponer soluciones innovadoras para fortalecer la legalidad en las fronteras y proteger los intereses económicos y sociales de la región.
El evento concluyó con un llamado a la acción para continuar promoviendo la colaboración regional y consolidar un frente común contra las prácticas comerciales irregulares que amenazan el desarrollo sostenible y la seguridad en América Latina y el Caribe.