El Consejo Interinstitucional para la Prevención y el Combate a la Defraudación Fiscal y el Contrabando Aduanero (COINCON) cerró 2025 con resultados que consolidan su papel como un eje central en la defensa de la legalidad, la recaudación y la competitividad del país. Durante la primera sesión ordinaria del año, las autoridades destacaron que la articulación entre instituciones del Estado y el sector privado permitió enfrentar con mayor eficacia a estructuras que operan de forma ilícita, afectando al comercio formal y debilitando la base tributaria nacional.

El balance anual refleja un crecimiento sostenido en los mecanismos de control y coordinación. A lo largo de 2025 se ejecutaron 2,339 acciones conjuntas, resultado del trabajo sistemático para fortalecer la supervisión en puntos estratégicos del territorio nacional. Estas acciones derivaron en 2,142 decomisos, que representan una capacidad operativa en expansión y un compromiso firme por parte de las instituciones que integran el COINCON. Además, se registraron más de 550 denuncias, lo que confirma el avance en la ruta de judicialización contra quienes incurren en prácticas de contrabando y defraudación aduanera.

En materia económica, los resultados son igualmente contundentes. El año cerró con Q119.6 millones en mercancías decomisadas, un indicador del alcance de las intervenciones realizadas. Asimismo, los Q557 millones en medidas y ajustes pagados en aduanas evidencian el impacto directo del trabajo interinstitucional en la defensa del erario público y el fortalecimiento del sistema aduanero.

El análisis sectorial desarrollado por COINCON muestra que el fenómeno del contrabando continúa teniendo efectos transversales en la economía. El comercio general fue el rubro más golpeado, con Q65 millones en incautaciones, equivalente al 54.68% del total. Le siguieron los sectores de textiles, confecciones y calzado, con Q37 millones, y el farmacéutico, con Q6.1 millones, este último reflejando los riesgos sanitarios asociados al ingreso ilegal de medicamentos.

Otros sectores con participación destacada, aunque con montos menores, incluyen recursos forestales, alimentos procesados y bebidas. También se registraron afectaciones en agricultura, cigarrillos, higiene, químicos y plásticos, granos básicos, metalmecánica, pesca, acuicultura, ganadería y lácteos, confirmando que el contrabando es un fenómeno multidimensional que afecta diversas cadenas productivas.

Los Puestos de Control Interinstitucional (PCI) registraron 1,432 decomisos valorados en Q25 millones. Estaciones como Patzicía, Escuintla y Río Dulce reportaron el mayor volumen de casos, mientras que Entre Ríos, con un número reducido de intervenciones, concentró operaciones de alto impacto económico.

El año también estuvo marcado por el fortalecimiento en la lucha contra los delitos vinculados a la propiedad intelectual, con 192 casos y Q54 millones en mercancía falsificada decomisada, destacando el papel de las aduanas marítimas como principales puntos de ingreso.

Con este cierre, COINCON reafirma que la lucha contra la defraudación fiscal, el contrabando y los delitos de propiedad intelectual no es solo una estrategia operativa, sino una política de Estado orientada a proteger la estabilidad fiscal, fortalecer la competitividad y resguardar los intereses de consumidores y empresas. De cara a 2026, el compromiso se enfoca en ampliar capacidades tecnológicas, reforzar inteligencia y profundizar la articulación interinstitucional para seguir cerrando espacios a la ilegalidad.