El contrabando no es parte de la economía informal; es una actividad criminal organizada.
Con este mensaje claro y directo, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), por medio de la Comisión de Defensa del Comercio Formal (CODECOF), manifiesta su preocupación ante el uso sistemático de todos los medios disponibles por parte de las redes criminales para cometer delitos graves, especialmente en un contexto en el que el Congreso de la República discute la aprobación de la ley contra el lavado de dinero.
“El contrabando es una de las expresiones más visibles del crimen organizado. No estamos hablando de informalidad, estamos hablando de estructuras criminales que operan de manera planificada y transnacional”, afirmó Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, al subrayar que cualquier intento de minimizar este fenómeno debilita la capacidad del Estado para enfrentarlo.
Font enfatizó que las mismas estructuras que practican el contrabando operan también en narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero. Según explicó, estas organizaciones utilizan el contrabando como una fuente clave de financiamiento, como mecanismo para lavar activos ilícitos y como herramienta de control territorial. “Cuando se desconecta el contrabando del lavado de dinero, se deja intacto el corazón financiero del crimen organizado”, señaló.
Desde CODECOF se advierte que tratar el contrabando como una simple manifestación de informalidad, como se ha planteado en algunos espacios del debate legislativo, invisibiliza al crimen organizado y debilita la respuesta del Estado.
“Llamar informal a una actividad criminal organizada no solo es un error conceptual, sino una señal peligrosa que favorece a las redes ilícitas”, indicó Font. A su criterio, esta narrativa reduce la urgencia de aplicar herramientas legales contundentes y resta prioridad al combate integral de estas estructuras.
Alto riesgo para Guatemala
El presidente de la CIG recordó que Guatemala se encuentra entre los 25 países con mayor riesgo de crimen organizado a nivel mundial, de acuerdo con el Índice Mundial de Crimen Organizado 2025. Este dato, afirmó, confirma la profunda infiltración de estas redes en la economía nacional y explica por qué el contrabando tiene efectos tan destructivos.
“No solo destruye empleos formales y afecta a las empresas que sí cumplen la ley; también pone en riesgo la salud de los consumidores con productos sin control sanitario y fortalece la corrupción institucional”, agregó.
En este contexto, la discusión de la ley contra el lavado de dinero cobra una relevancia estratégica para el país. La importancia de la ley contra el lavado de dinero radica en que sin incluir el contrabando dentro de la legislación contra el lavado de dinero, no es posible desmantelar estas estructuras criminales.
Font fue enfático al señalar que el lavado permite que los recursos ilícitos se integren al sistema económico formal, distorsionen los mercados y erosionen la confianza en el sistema financiero. “Una ley sólida protege a los bancos, a las empresas formales y a la economía del país en su conjunto”, afirmó.
Desde CODECOF se reconoce el trabajo interinstitucional que ha permitido detectar cientos de casos de contrabando y recuperar recursos mediante ajustes y decomisos. Sin embargo, la Comisión insiste en que estas acciones, aunque necesarias, son insuficientes si no van acompañadas de un marco legal robusto.
“El combate al contrabando no se gana solo en aduanas o carreteras; se gana cerrando las puertas al lavado de dinero”, subrayó el presidente de la CIG.
Finalmente, la Cámara de Industria de Guatemala, a través de CODECOF, hace un llamado firme y responsable a los diputados del Congreso para que avancen en la aprobación de la ley contra el lavado de dinero, entendiendo que se trata de una herramienta clave para enfrentar al crimen organizado, fortalecer el Estado de derecho y proteger la economía formal. “Reconocer que el contrabando no es informalidad es el primer paso para combatirlo de manera efectiva”, concluyó Enrique Font.
