Las autoridades localizaron y decomisaron más de 30 millones de cigarrillos que pretendían ingresar de manera irregular al país a través de la Aduana Puerto Quetzal, en una acción que permitió evitar una pérdida estimada de Q9.5 millones en impuestos para el Estado.
De acuerdo con información divulgada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y respaldada por la Comisión de Defensa del Comercio Formal (CODECOF), el hallazgo se produjo como resultado del fortalecimiento de los controles aduaneros, la aplicación de modelos avanzados de gestión de riesgo y los mecanismos de coordinación interinstitucional para combatir el comercio ilícito.
La SAT informó que durante una inspección fueron localizadas aproximadamente 30.3 millones de unidades de cigarrillos que buscaban ingresar al territorio nacional de manera irregular.
Además del posible perjuicio fiscal, las autoridades señalaron que la mercancía fue decomisada por la presunta comisión de delitos relacionados con la violación de derechos de propiedad intelectual y otros ilícitos asociados al comercio informal.
El daño del contrabando
La operación se desarrolló en el marco de los esfuerzos de la Fuerza de Tarea de Facilitación de Comercio, con el apoyo de distintas instituciones públicas, entre ellas el Ministerio Público.
Según las autoridades, estas acciones evidencian la efectividad de los mecanismos de coordinación nacional e internacional para enfrentar las redes dedicadas al contrabando.
CODECOF destacó que este tipo de resultados refleja la importancia de continuar fortaleciendo los sistemas de control, fiscalización y gestión de riesgo en los puntos de ingreso al país.
La organización advirtió que el comercio ilícito no solo afecta la recaudación tributaria, sino que también genera competencia desleal para las empresas que operan dentro de la legalidad, limita la inversión y reduce las oportunidades de desarrollo económico.
Asimismo, la comisión reiteró que la lucha contra el contrabando requiere la participación conjunta de autoridades, sector privado y ciudadanía, con el objetivo de promover un entorno comercial más competitivo, seguro y transparente.
La SAT y los sectores involucrados subrayaron que cada acción orientada a fortalecer la legalidad contribuye a proteger la economía formal, garantizar una competencia justa y resguardar los recursos que permiten financiar servicios y programas en beneficio de la población guatemalteca.
