Por: Muriel Ramirez | Coordinadora y Vocera de la Comisión de Defensa del Comercio Formal (CODECOF)
El comercio ilícito de alimentos y bebidas constituye una amenaza silenciosa pero en constante expansión, que pone en riesgo no solo la salud pública, sino también la integridad de las cadenas de valor que el sector formal construye, respalda y garantiza. Esta actividad ilegal socava la competitividad de las empresas que cumplen con la ley, erosiona la recaudación fiscal del Estado y debilita la confianza del consumidor en los productos regulados. Además, en muchos territorios, este tipo de comercio está vinculado a dinámicas económicas informales que pueden derivar en conflictos sociales ante acciones de control o incautación.
Riesgos sanitarios invisibles, consecuencias reales
A diferencia de otros productos ilícitos, los alimentos y bebidas tienen una característica particular: su consumo es directo, cotidiano y, en muchos casos, masivo. Esto convierte cualquier falla en su control, ya sea por origen desconocido, malas condiciones de transporte, almacenamiento inadecuado o manipulación sin controles es una amenaza directa a la salud de las personas.
El comercio ilícito evade los controles sanitarios establecidos, lo que impide garantizar que los productos estén libres de contaminantes, agentes patógenos o ingredientes no autorizados. Esto expone a los consumidores a enfermedades gastrointestinales, intoxicaciones, y en casos más graves, a afectaciones crónicas o incluso mortales.
Trazabilidad: el eslabón que asegura la confianza
Una de las principales garantías de un alimento seguro es la trazabilidad: la capacidad de seguir el recorrido del producto desde su origen hasta su destino final. Esta trazabilidad es parte esencial de las cadenas de valor formales, que incluyen controles de calidad, certificaciones sanitarias, regulaciones fiscales y sistemas logísticos estructurados.
El comercio ilícito rompe completamente este sistema. No solo es imposible identificar el origen o la composición del producto, sino que también deja fuera de protección a los consumidores, debilita la vigilancia sanitaria y erosiona la confianza en el mercado formal. En términos económicos, también impacta negativamente en los ingresos fiscales del Estado y genera competencia desleal para los productores que cumplen con todas las normativas.
Incautaciones con sensibilidad territorial
Una de las particularidades del comercio ilícito de alimentos y bebidas es su arraigo en comunidades que, en muchos casos, dependen económica o culturalmente de estas dinámicas informales para subsistir. Esta condición convierte cualquier acción de incautación o persecución penal en un reto no solo operativo, sino también social y político. Si no se gestiona con sensibilidad territorial y un enfoque estratégico, estas intervenciones pueden derivar en tensiones comunitarias, confrontaciones directas o pérdida de legitimidad institucional. En la práctica, este riesgo suele traducirse en la inacción o tolerancia, lo cual perpetúa el problema y debilita los esfuerzos de control a largo plazo.
Por ello, es indispensable que los procedimientos operativos se basen en inteligencia, diálogo previo con actores locales y un enfoque diferenciado que comprenda los contextos sociales en los que operan estas redes. La persecución del delito no puede perder de vista el impacto social que puede generar si se ejecuta de manera estrictamente coercitiva.
Estrategia preventiva e integración multisectorial
Para enfrentar este fenómeno de forma efectiva, es imprescindible una estrategia preventiva que promueva una gobernanza colaborativa entre el sector público y privado. Esto implica, entre otros elementos:
- Fortalecer la articulación entre autoridades sanitarias, aduaneras, fiscales y de seguridad.
- Involucrar al sector privado, especialmente a los productores formales, en esquemas de denuncia y/o creación de sistemas de monitoreo del mercado.
- Diseñar campañas de concientización dirigidas a consumidores sobre los riesgos del comercio ilícito.
- Promover el desarrollo económico local para ofrecer alternativas reales a quienes hoy participan de la economía informal.
- Impulsar reformas normativas que permitan respuestas más ágiles, diferenciadas y justas en función del tipo de producto y del impacto en la salud pública.
El comercio ilícito de alimentos y bebidas no es solo una infracción administrativa o un delito comercial: es un fenómeno complejo que impacta la salud, la economía, el orden público y la cohesión social. Su abordaje debe ser estratégico, preventivo y profundamente colaborativo. Solo con una visión integral y la participación efectiva de todos los sectores podremos proteger a los consumidores, fortalecer los mercados formales y consolidar una cultura de legalidad en el ámbito alimentario.
