Un operativo conjunto entre la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Ministerio de Gobernación y representantes de marcas registradas permitió detectar un contenedor con mercancía que violaba derechos de propiedad intelectual en la Aduana de Puerto Quetzal.
El decomiso incluyó 7,680 pares de zapatos tipo tenis y de fútbol, con un valor en aduana de Q255,444.10.
Este hallazgo pone en evidencia los riesgos que representa el contrabando para la economía nacional, especialmente en sectores como la industria del calzado, que enfrenta una competencia desleal cada vez más agresiva.
Las fábricas locales, que aún resisten, se ven asfixiadas por el ingreso masivo de productos subvaluados o ilegales, lo que reduce la recaudación fiscal y debilita el comercio formal.
Se estima que el 80% del calzado vendido en Guatemala es importado, y de ese porcentaje, el 80% evade impuestos o ingresa por pasos fronterizos no controlados. Esta evasión ocurre tanto por defraudación aduanera como por contrabando directo, aprovechando la falta de vigilancia en zonas limítrofes con México, Honduras y El Salvador.
El ingreso ilegal de calzado se intensifica en tres temporadas clave: inicio de año (por la demanda escolar), Semana Santa (por el consumo de calzado ligero) y fin de año (por las festividades). En estas fechas, los contrabandistas aprovechan para inundar el mercado con productos de origen incierto y precios irrisorios.
Muriel Ramírez, coordinador de la Comisión de Defensa del Comercio Formal (CODECOF) de la Cámara de Industria de Guatemala, subraya la urgencia de enfrentar esta problemática: “Cada zapato que evade impuestos representa recursos que el Estado deja de invertir en educación y salud, afectando directamente a la población. Por eso, es clave continuar fortaleciendo los mecanismos de control y garantizar que las normativas se apliquen correctamente.”
El decomiso en la Aduana del Puerto Quetzal es una señal de que el trabajo conjunto entre autoridades y sector privado puede dar resultados. Sin embargo, para proteger a las empresas formales y recuperar los ingresos fiscales perdidos, es necesario redoblar esfuerzos en vigilancia, fiscalización y capacitación especializada en aduanas.
