En un esfuerzo conjunto por reforzar el Estado de Derecho y erradicar prácticas que afectan gravemente a la economía nacional, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Gobernación (MINGOB) suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para intensificar la lucha contra el contrabando y la defraudación aduanera.
Este acuerdo, firmado por el superintendente de la SAT, Werner Ovalle Ramírez, y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, establece mecanismos concretos de coordinación operativa, intercambio seguro de información y despliegue estratégico en puestos de control interinstitucional en todo el país.
Entre enero y junio del presente año, estas acciones han generado más de 1,028 decomisos y Q243 millones en ajustes en aduanas, consolidando a la SAT como una entidad moderna y confiable que trabaja por una competencia leal.
En este contexto, la Comisión de Defensa del Comercio Formal (CODECOF), de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), manifestó su rotundo apoyo al convenio.
Muriel Ramírez, coordinadora de CODECOF, afirmó: “Nos sumamos a los enfoques y resultados que impulsa este convenio como una oportunidad estratégica para fortalecer la lucha contra el comercio ilícito. Reiteramos nuestro compromiso con una economía formal, segura y transparente para todos”.
Ramírez subrayó que el sector privado respalda firmemente todas las iniciativas orientadas a contrarrestar el comercio ilícito, el cual no solo afecta la recaudación fiscal y el empleo formal, sino que también pone en riesgo la salud de los consumidores. Además, ratificó el compromiso de CODECOF y CIG como miembros activos de la Comisión Interinstitucional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera (COINCON).
Por su parte, el superintendente Ovalle enfatizó que esta alianza no es un simple documento, sino una manifestación de voluntad política y compromiso técnico, con miras a potenciar el uso de tecnología, fortalecer la fiscalización y fomentar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
El ministro Jiménez resaltó que el comercio ilícito no solo afecta las finanzas públicas, sino que también pone en circulación productos riesgosos para la población. “Afrontar estos delitos de forma conjunta es más que una necesidad, es un deber institucional que fortalece el desarrollo nacional”, declaró.
Con este pacto, Guatemala da un paso firme hacia un sistema tributario más justo, una economía más competitiva y una ciudadanía más protegida ante los efectos del comercio ilegal. El respaldo del sector privado confirma que la lucha contra el contrabando es un objetivo nacional que une esfuerzos públicos y empresariales en favor del país.
