
La Fiscalía de Extinción de Dominio logró que el Juzgado correspondiente declarara con lugar la acción de extinción de dominio sobre un cabezal y un furgón, modelo 2005, con placas. Ambos vehículos fueron utilizados para ingresar mercancía de contrabando al país, evitando el pago de impuestos por un monto estimado de Q153,459.35.
La resolución judicial permite que estos bienes pasen a manos del Estado, como parte de los esfuerzos por desarticular las estructuras que operan al margen de la ley. La Fiscalía presentó pruebas que demostraron que los vehículos fueron empleados para transportar productos ilegales, vulnerando el sistema aduanero nacional.
El comercio ilícito, especialmente a través de pasos fronterizos no autorizados y sin vigilancia, continúa siendo uno de los principales retos para las autoridades guatemaltecas. Aunque el país cuenta con 21 aduanas oficiales, las pérdidas generadas por el contrabando son alarmantes.
Según cifras de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entre 2020 y 2024 se incautaron mercancías de contrabando valoradas en Q257 millones.
Muriel Ramírez, coordinadora de la Comisión de Defensa del Comercio Formal (CODECOF), de la Cámara de Industria de Guatemala, advirtió que el contrabando representa pérdidas anuales cercanas a los Q30 mil millones, lo que equivale a entre el 25% y el 30% del comercio nacional. “Cada quetzal no recaudado es dinero que no se invierte en educación, salud o seguridad, lo que afecta a toda la población”, subrayó.
Además del impacto económico, el contrabando pone en riesgo la salud de los consumidores. Muchos productos ilegales, como medicamentos falsificados o alimentos avícolas sin control sanitario, no cumplen con los estándares de calidad exigidos. Se estima que el 20% de las aves de consumo en Guatemala provienen del contrabando, lo que representa un serio peligro para la salud pública.
El fenómeno abarca una amplia gama de productos: granos básicos, lácteos, alimentos enlatados, textiles e incluso ganado. Las autoridades reiteraron su compromiso de seguir combatiendo este flagelo, que debilita la economía formal y vulnera la seguridad de los guatemaltecos. La extinción de dominio sobre estos vehículos representa un paso firme en esa dirección.
