Las fábricas de calzado que aún resisten en Guatemala libran una batalla desigual contra la avalancha de productos importados subfacturados y, peor aún, el contrabando descontrolado que las asfixia y pone en riesgo su supervivencia.
Se estima que el 80% del calzado vendido en Guatemala es importado y, alarmantemente, de ese porcentaje, el 80% evade el pago de impuestos o ingresa ilegalmente al país, esquivando los controles fronterizos, según Carmen María Torrebiarte, presidenta del CACIF y expresidenta de la Gremial de Calzado de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).
La dirigente empresarial explica que esta evasión fiscal ocurre de dos maneras. La primera es mediante el delito de defraudación aduanera, donde los productos ingresan formalmente por las aduanas, pero con valores subvaluados para reducir el pago de impuestos, afectando gravemente la recaudación estatal.
La otra vía es el ingreso de calzado por pasos no controlados, donde la ausencia de vigilancia facilita el accionar de los contrabandistas. La falta de presencia efectiva de las autoridades en estas zonas permite que operen con total impunidad, intensificando el comercio ilegal y golpeando aún más la economía formal.
Industria en crisis: en peligro de extinción
La competencia desleal ha llevado a la industria del calzado guatemalteco al borde del colapso. Las pocas fábricas que aún sobreviven lo hacen a duras penas, sosteniéndose principalmente con exportaciones. Sin embargo, muchas empresas no han resistido la embestida del contrabando y la subfacturación.
La última marca de renombre en caer fue Kickers, que no pudo mantenerse en el mercado local y se vio obligada a retirarse, recuerda Carmen María Torrebiarte, presidenta del CACIF. Su salida simboliza el declive de un sector que, año tras año, pierde terreno frente a la avalancha de productos importados de manera fraudulenta.
El calzado subvaluado proviene principalmente de China y Panamá, aunque en su mayoría tiene origen asiático. En cambio, el contrabando ingresa sin restricciones a través de las fronteras con México, Honduras y El Salvador. No importa si se trata del llamado “contrabando hormiga”, advierte Torrebiarte, ya que “de poco en poco”, el daño acumulado termina asfixiando a las empresas formales.
Picos de contrabando: temporadas de alta demanda
El ingreso ilegal de calzado no es un fenómeno aislado, sino que se intensifica en temporadas clave, cuando la demanda se dispara y los contrabandistas aprovechan para inundar el mercado con productos de origen incierto y precios irrisorios.
📌 Inicio de año: Con el regreso a clases, la demanda de calzado escolar se dispara, lo que genera un incremento en el ingreso ilegal de zapatos que no cumplen con normativas de calidad ni pagan los impuestos correspondientes.
📌 Semana Santa: La temporada de verano impulsa la compra de sandalias y calzado ligero, lo que se traduce en una oleada de productos introducidos ilegalmente.
📌 Fin de año: Las festividades de diciembre representan una de las mayores oportunidades para los contrabandistas, ya que el consumo de ropa y calzado se dispara en esta época, afectando gravemente a los productores locales.
Capacitación y fortalecimiento de las autoridades: clave para combatir el comercio ilícito
El sector privado ha trabajado de la mano con las autoridades para fortalecer su capacidad de control y detección en materia de comercio ilícito. Carmen María Torrebiarte, presidenta del CACIF, destaca la importancia de capacitar a los equipos encargados de la fiscalización aduanera para que puedan identificar correctamente los distintos tipos de calzado y aplicar los impuestos conforme a la ley.
“Es fundamental que las autoridades cuenten con el conocimiento necesario para diferenciar el valor de un zapato de cuero frente a uno sintético, o el de un tenis de marca respecto a uno genérico. Esto contribuirá a un mejor control en la recaudación fiscal y a cerrar los espacios que permiten la evasión”, señala Torrebiarte.
El impacto de este fenómeno no es menor. En 2017, el Estado dejó de recaudar más de 318 millones de quetzales debido al comercio ilícito de calzado, lo que representó el 0.25% del PIB de aquel año, según un estudio de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).
Muriel Ramírez, coordinador de la Comisión de Defensa del Comercio Formal (CODECOF) de la Cámara de Industria de Guatemala, subraya la relevancia de seguir trabajando en conjunto con las autoridades para enfrentar esta problemática de manera efectiva.
“Estos datos confirman el impacto negativo que tiene el comercio ilícito en la economía nacional. Cada zapato que evade impuestos representa recursos que el Estado deja de invertir en educación y salud, afectando directamente a la población. Por eso, es clave continuar fortaleciendo los mecanismos de control y garantizar que las normativas se apliquen correctamente”, enfatiza Ramírez.
El compromiso conjunto entre el sector público y privado es esencial para fortalecer la capacidad de fiscalización, reducir la evasión y proteger la industria nacional, garantizando condiciones más equitativas para la economía formal en Guatemala.
